Bilateralidad y rendición fiscal

Durante siglos la propaganda pseudo foralista del centralismo ha defendido que los fueros eran una pacción, o sea pacto. Se trataba de una habilidosa trampa dialéctica para inflar la egolatría del foralismo conformista, porque en realidad no puede existir pacto sin derecho a decidir de quienes pactan. No hay verdadero contrato sin libertad y capacidad de contratar.

La actualmente repetida monserga de bilateralidad es una novación de aquella pre democrática trampa foral y por eso resulta ahora tan preocupante. El falso mito de que los fueros son una pacción ha perdurado durante siglos desde “la voluntaria entrega de Gasteiz en 1200, la unión “equae principalis” de Navarra en 1516 o el abrazo de Vergara”. Curiosamente, cuando se trataba de abolir los fueros en 1839 es cuando el Estado central une a las provincias vascongadas y Navarra, para luego separarlos con fueros diferentes. La actualización democrática eficiente y moderna de los derechos históricos no puede ser, ni defenderse, más que en base a la referencia del derecho a decidir.

El acuerdo del concierto económico de la CAV-EAE, vendido como “paz fiscal”, es en realidad una “rendición fiscal”. En tiempos no tan lejanos como los de Ibarretxe, por cierto el lehendakari que más votos llegó a obtener, se hicieron desde el gobierno de la CAV-EAE dos amagos de reivindicación, como condicionantes para un posible acuerdo fiscal, consistentes en la transferencia de las políticas pasivas del INEM (no solo las activas) y la participación política, a título de protagonista político, en el ECOFIN de las dos autonomías con poder fiscal originario. Más tarde se planteó la reivindicación del derecho a decidir, más o menos camufladamente, en el nuevo proyecto de estatuto vascongado. Tales pretensiones no eran, ni son en absoluto maximalistas, sino imprescindibles para defender los derechos históricos. La entonces oposición política de Navarra tratamos de apuntalar aquellos proyectos, presentando también en Navarra un nuevo proyecto de estatuto que sustituyese el Amejoramiento, con inclusión de la democratización foral o derecho a decidir. El centralismo aplastó aquellas iniciativas, que ahora se quieren hacer olvidar.

El acuerdo sobre el cupo y el concierto no puede ser satisfactorio ni desde el punto de vista democrático, ni desde el punto de vista abertzale, ni desde el punto de vista autonómico o económico. En cuanto al procedimiento tenemos que seguir predicando en el desierto que la única manera efectiva de defender los derechos fiscales históricos y originarios es negociando conjuntamente con el Estado la CAV-EAE y la CFN-NFK. Sólo con la actuación conjunta se alcanzarán la efectividad política ante el centralismo de Madrid y la legitimación ante la Unión Europea y la Comunidad Internacional. Las autonomías con derechos fiscales originarios, la CAV-EAE y la CFN-NFK, no accederán con carácter de protagonismo político ni al ECOFIN ni a ninguna otra instancia económica o política de la Unión Europea, UE.

En cuanto a la transacción política subsistente en el acuerdo sobre el cupo, constituye también una degradación del concepto de derecho histórico porque se ha entregado un logro o éxito político al gobierno del PP a cambio de una muy gravosa concesión en temas a los que se tenía derecho. El hecho de que ni siquiera en tiempos del presidente Zapatero y el lehendakari Patxi Lopez se hubiese cerrado el acuerdo es un mal precedente y un mal presagio, pero no una razón, y ni siquiera una excusa. La fórmula de la acumulación de fuerzas para la actualización del concierto hay que buscarla sacando el debate del oscurantismo y conduciéndolo a un ámbito de participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

En cuanto al contenido del acuerdo sobre el cupo no es tampoco más que el reconocimiento del peaje por el dominio del centralismo. La entrega de 1.3000 millones de euros/año (es decir tres millones de euros por cada día laboral) no se justifica ni en su cuantía ni por los servicios que presta el Estado a la sociedad en la CAV-EAE, muchos de ellos discutibles, otros innecesarios y algunos muy mal prestados.

Navarra tiene pendiente el acuerdo sobre el cupo y no debería incurrir en el oscurantismo en su debate. El Estado reclama 690 millones de euros/año y los servicios técnicos hablan de una propuesta de 90 millones menos, es decir de 600 millones, cuando solo por la comparación de la demografía y del PIB de Navarra con los de la CAV-EAE debería hablarse de 300 millones de euros/año.

El déficit democrático esencial de toda esta cuestión es la falta de verdadera bilateralidad que solo puede existir si hay derecho a decidir en ambas partes pactantes o contratantes. Lo grave es que si el Estado no llega un acuerdo con la CAV-EAE y CFN-NFK durante 10 años o durante 15 años, igual que si no cumple ni el Estatuto ni el Amejoramiento durante más de 35 años no le pasa nada. ¿Qué es lo que le debiera pasar? Naturalmente que los pueblos de ambas comunidades pudiesen tomar decisiones.

La agravante de la rendición fiscal es que se ha regalado un cheque político de subsistencia a un gobierno del PP que da la impresión de que arrasará con las libertades autonómicas, al arrasar con la autonomía de Catalunya, y no acaba de plantear una erradicación de la corrupción rigurosa y que en el ámbito económico ha elevado la deuda pública a 1,1 billones, además de vaciar la “hucha de la Seguridad Social” en la que también estaban las cotizaciones de las vascas y vascos. Azpiazu le dio la mano a Montoro, Urkullu el cheque político de subsistencia a Rajoy. ¿Quién se acuerda ya de aquel partido sensato, centrado, moderado y tan laureado como era Unió Democrática de Catalunya, aliado en su día del PNV? 

(Artículo de Rebeka Ubera y Patxi Zabaleta publicado en el Diario Vasco el 21 de julio de 2017)